Seguimos trabajando activamente para que el marco normativo de nuestra tierra sea un aliado del crecimiento económico y el bienestar social. Por ello, desde nuestra Comisión de Economía Circular, su presidente José Caraballo (ABORGASE) ha comparecido el 15 de enero en el Parlamento de Andalucía para ofrecer la visión de los empresarios del sur sobre el nuevo Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM).

Durante su intervención, Caraballo ha subrayado que, para CESUR, la inversión industrial empresarial es "clave e innegociable" para el desarrollo de nuestra región. En este sentido, consideramos que la regulación ambiental debe fomentar, o al menos frenar lo menos posible, las iniciativas de inversión.

Un análisis crítico pero constructivo

Tal y como ha detallado Caraballo, desde nuestra Comisión de Economía Circular, que aglutina a expertos con amplia experiencia en normativa medioambiental, hemos analizado en profundidad el texto. Aunque valoramos positivamente cualquier iniciativa que busque la simplificación administrativa, hemos trasladado a los grupos parlamentarios nuestra preocupación por el alcance real de la reforma.

Tras el exhaustivo informe de recomendaciones y propuestas técnicas presentado por nuestra Comisión durante la fase de consultas, solo dos de estas aportaciones han sido incluidas en el actual Proyecto de Ley. Por ello, consideramos que los cambios propuestos en la revisión de la actual Ley GICA podrían no tener la profundidad suficiente para generar un impacto sustancial en la economía andaluza.

"La administración se tiene que apoyar en iniciativas como las nuevas tecnologías o la colaboración público-privada para ganar en eficiencia y rapidez", ha destacado Caraballo durante su exposición.

Propuestas técnicas para una gestión eficaz

En el marco de la discusión con los responsables de la redacción del texto, desde CESUR hemos profundizado en aspectos técnicos que consideramos vitales. Entre ellos, destaca la necesidad de desarrollar de forma más ambiciosa el artículo 67.4 del borrador, relativo a la resolución de las Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU) mediante informe vinculante de la Consejería. Proponemos que este mecanismo se aplique de forma más amplia, extendiendo el número de supuestos para ganar en agilidad.

Asimismo, hemos solicitado que se amplíe la información contenida en la Red Rediam, incorporando diferentes cartografías que son de gran interés para el desarrollo de proyectos. Otra de nuestras demandas clave es el aumento del límite de metros cuadrados para las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, con el fin de no frenar una tecnología que es claramente beneficiosa para el medio ambiente y la competitividad empresarial.

Para que la LEGAM sea realmente efectiva y cumpla con su propósito, desde CESUR consideramos imprescindible que la Administración cuente con medios técnicos cualificados y debidamente dimensionados al volumen de proyectos demandados por el tejido empresarial. La insuficiencia de estos recursos técnicos constituye, en la actualidad, el principal cuello de botella que ralentiza las tramitaciones y obstaculiza el desarrollo en Andalucía.

En esta misma línea, hemos propuesto potenciar la figura de las entidades colaboradoras como un apoyo estratégico para agilizar los procesos administrativos. Es urgente evitar que su implementación sufra los retrasos de hasta cuatro años que hemos observado en otras normativas, ya que en el ámbito de la gestión ambiental la operatividad debe ser inmediata.

Asimismo, hemos trasladado la necesidad de garantizar una seguridad jurídica plena en el ámbito local. Dado que una parte significativa de los proyectos depende de la gestión de ayuntamientos y entidades locales, es fundamental establecer criterios claros y homogéneos que eviten la incertidumbre para el inversor. Solo a través de una simplificación real y una reducción efectiva de los plazos de resolución conseguiremos que nuestra comunidad sea un polo de atracción de capital y un referente en eficiencia administrativa.

Desde CESUR y nuestra Comisión de Economía Circular, nos hemos puesto una vez más a disposición del Parlamento para colaborar en cualquier aspecto que contribuya a un desarrollo económico sostenible y ágil.