Bajo el título “Propuestas sobre la política fiscal necesaria para asegurar, acelerar y fortalecer la salida de la crisis económica causada por la pandemia del covid-19”, la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, propone una batería de medidas fiscales (nacionales, autonómicas y locales) para facilitar la pronta recuperación de la economía española. Estas propuestas han sido trasladadas esta misma mañana tanto a presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda, presidencia de la Junta de Andalucía y Consejería de Hacienda, presidencia de la Junta de Extremadura y Consejería de Hacienda.
Entre las propuestas presentadas por CESUR, el principal action tank del sur de España, se plantea al Gobierno nacional reformar, a medio plazo, los impuestos indirectos de los españoles y, sobre todo limitar, en ese mismo horizonte temporal, el elevado gasto público para obtener la financiación del plan Next Generation de la Unión Europea.
Tras 14 meses de pandemia, desde CESUR se requiere a la administración que de mayor certidumbre, sobre todo presupuestaria, para que las empresas puedan contar con la seguridad que necesitan para actuar y garantizar su rentabilidad y supervivencia. Para lo que los empresarios demandan acometer un catálogo de medidas urgentes, excepcionales y de carácter temporal, que coadyuven a una acelerada recuperación de nuestra economía y del empleo en España.
De esta forma, para “evitar una pandemia de carácter financiero”, los empresarios andaluces y extremeños solicitan seguir inyectando liquidez a sus empresas para que éstas puedan atender sus obligaciones a corto plazo. Para lograrlo, plantean facilitar un aplazamiento “a medida” de una serie de impuestos para los sectores más afectados. Así, las empresas que lo requieran, podrán tener un mínimo de pulmón financiero.
En este sentido, proponen atrasar de julio a octubre o diciembre el pago de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a liquidar por la “modalidad del artículo 40.3”, permitiendo así calcular la cantidad a ingresar sobre el importe real de los beneficios actuales del ejercicio y no sobre los del ejercicio anterior. También plantean la supresión del pago fraccionado mínimo calculado sobre el resultado contable durante los periodos afectados por la crisis sanitaria. Ayudaría, sin duda, facilitar el aplazamiento del pago de los tributos locales mediante la modificación de la Ley de Haciendas Locales, como ya han hecho algunos ayuntamientos.
Por otra parte, desde CESUR se reclama agilización de las devoluciones tributarias, así como la de reconocimiento de supuestos nuevos de devolución en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como priorizar la tramitación, con todos los medios que sean necesarios, de los procedimientos de devolución derivados de la normativa de cada tributo.
Siguiendo con el IVA, los empresarios del sur consideran que resultaría preferente darle prioridad a la liquidez de autónomos y Pymes con las devoluciones, para permitirles reactivar su emprendimiento, y consideran que es necesaria la modificación de la normativa sobre ingresos del IVA de las facturas impagadas,
El documento -que recoge argumentos históricos y analiza la situación actual- contempla que es el momento de establecer alivios fiscales que permitan a las empresas usar los créditos fiscales ya generados en años anteriores, y reclama la necesidad de adecuar la finalización de los ERTEs a esa “nueva realidad”, basando el mantenimiento del empleo en incentivos de libertad de amortización de activos fijos, a los que se sumaría la creación de planes de contingencia de las empresas que refuercen su transformación digital y sus opciones de teletrabajo.
Con carácter extraordinario, se podría extender a todo el territorio nacional la deducción del 60 por ciento de la cuota efectiva del impuesto de sociedades de este año, medida adoptada con éxito por la Diputación Foral de Bizkaia, para las empresas que han tenido que reducir significativamente su actividad.
Desde CESUR plantean a las administraciones la necesidad de crear un plan de apoyo específico para el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, como han hecho otros países reduciendo tasas y bonificando contrataciones. También contemplan garantizar la confianza de los consumidores de bienes duraderos, preferentemente con estimulados fiscales temporales que inviten a la compra de viviendas o automóviles, sectores que definen como parte esencial de nuestro PIB, básicos para la reactivación de industrias como la siderurgia y otras igualmente esenciales para nuestra economía.
Desde una perspectiva no fiscal, pero sí de derecho público, puntualizan en la necesidad de que las empresas que tengan una alta dependencia del sector público, por su facturación o por pertenecer a sectores regulados, puedan apoyarse en políticas urgentes como el temprano pago a proveedores por parte de las Administraciones, o la activación de mecanismos acelerados de agilización de la contratación y de las licencias administrativas.
Por último, el documento – de ocho páginas- anima a las administraciones a fomentar con mayor intensidad la contratación de obra pública, quitando los límites de la actual ley de indexación, que vendría a generar mucho empleo, así como seguir con la apuesta por la internacionalización de nuestras empresas, volviendo a activar un régimen de exenciones.
A la vista de todo lo anterior, demandamos acometer, en el marco fiscal, un catálogo de medidas urgentes, excepcionales y de carácter temporal, que coadyuven a una acelerada recuperación de nuestra economía y del empleo en España.